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En materia de derechos, cuando, por economía del lenguaje, se habla de «la infancia» nos estamos refiriendo, en realidad, a todas las personas menores de 18 años.
Así pues, si aplicamos a la población actual de la CAPV, estamos hablando de unas 330.000 personas (330.594 según las últimas estimaciones intercensales hechas públicas por el INE). Lo que constituye, aproximadamente, el 15,5% del total de la población de nuestra Comunidad.
En cuanto al territorio histórico de Bizkaia de un total de población en el año 2010 de 1.136.859 personas, 168.703 serían menores de 18 años, lo cual hace un 14,8% de la población total
Desde la perspectiva de garantía de derechos podemos afirmar que todas las personas menores de edad, por el simple hecho de serlo, tienen la consideración de «vulnerables».
Pero también es cierto que dentro del conjunto de las personas menores, hay algunas que, por circunstancias o razones muy diversas, viven en situaciones de especial riesgo o vulnerabilidad: por no disponer de un apoyo o atención adecuada de su familia y encontrarse en situaciones de grave riesgo o desamparo; por ser objeto de maltrato o de acoso; por sufrir graves problemas de salud mental; por tener una orientación sexual (homosexual o bisexual) o diferente a la mayoritaria o sentir una identidad transgénero o transexual; por practicar determinadas conductas que ponen en riesgo su salud o la de otras personas; por tener una serie de necesidades educativas especiales o específicas que hacen más difícil el pleno ejercicio de su derecho a la educación…
Nuestro proyecto se centra de manera específica en ese tipo de situaciones, situaciones que afectan de manera directa a una parte significativa de la población menor de edad, mayor o menor según los casos, y que ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos.
Según el informe del Ararteko “Infancias vulnerables” de 2011 se identifican las siguientes:
– Niños, niñas y adolescentes acogidos o tutelados por las instituciones de protección.
– Menores de otros países que han migrado hasta aquí sin sus familias.
– Adolescentes infractores, que han cometido delitos y son objeto de medidas judiciales.
– Hijos e hijas de familias de trabajadores temporeros que se desplazan de unos lugares a otros para realizar tareas agrícolas.
– Niños, niñas y adolescentes de orientación homosexual (lesbianas y gays) o bisexual, o con identidad transexual o transgénero.
– Niños, niñas y adolescentes con graves enfermedades mentales.
– Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales o específicas derivadas de su discapacidad, de su origen o de su pertenencia a un medio social desfavorecido.
– Menores que son sujetos activos o pasivos de maltrato o violencia.
– Adolescentes con consumos problemáticos de drogas…
El informe también aborda otras situaciones de riesgo, aunque con menor profundidad: determinados usos de las nuevas tecnologías, o las situaciones de conflicto o de violencia intrafamiliar que afectan a menores…
Este modo de abordar la cuestión, sector por sector o situación por situación, presenta, sin embargo, una serie de limitaciones o de riesgos que conviene no olvidar.
Uno de ellos es, precisamente, que puede inducir a pensar que nos hallamos ante situaciones inconexas, ante diferentes grupos de menores sin ninguna relación entre sí. Pero no es así. En muchos casos, la misma niña o el mismo adolescente que hoy encontramos en un centro de acogida, o que vemos desescolarizado o fracasando en la escuela, lo encontramos mañana en un centro de internamiento, o la podemos encontrar de nuevo, dentro de un tiempo, en otra situación de especial riesgo. Lo cual pone de manifiesto que en nuestra sociedad todavía existen auténticos circuitos o itinerarios de exclusión, ligados muchos de ellos a la inexistencia, falta de competencia o simplemente fracaso de la familia como elemento esencial de soporte y apoyo al crecimiento y necesidades del menor.
Es desde el convencimiento de la eficacia del trabajo psicoterapeútico como herramienta de apoyo a las familias y a los menores desde donde planteamos convertirnos en un recurso que permita intervenir a tiempo de cara a lograr una adecuado desarrollo de cada menor y cada familia.
Por otro lado, también el Ararteko, esta vez en su informe “Aproximación a la atención de la salud mental de la infancia, adolescencia, juventud y vejez en la CAPV desde la perspectiva del Ararteko:retos y oportunidades” se hace especial hincapié en la perspectiva de la salud mental en los y las adolescentes.
En el citado informe se señala que los y las profesionales de servicios sociales de infancia en desprotección y justicia juvenil constatan la creciente presencia de chicos y chicas con trastornos de conducta.
En este sentido se trasladan las dudas que estos profesionales tienen sobre si este tipo de trastornos son problemas de salud mental propiamente dichos o “solo” malestar emocional muy intenso que manifiesta con conductas disruptivas, violentas (gritar, romper cosas), de confrontación intensa con la autoridad, etc. y también relacionadas con su etapa adolescente; sobre quién ha de diagnosticar estos problemas, porque su percepción es que el sistema sanitario dice que son “subclínicos” y no lo hace, abriendo la puerta a que se catalogue como trastorno de conducta cualquier comportamiento que tensione los recursos; y además se interrogan acerca los apoyos necesarios para que, independientemente de si son más o menos clínicos, se pueda intervenir y ayudar a los chicos y chicas a su desarrollo personal desde esta dificultad.
El sistema público de Salud Mental dentro de su importante función se ve limitado por sus ratios de atención en muchos casos insuficiente y en las dificultades de acceso a los mismos que estos perfiles de menores presentan en no pocas ocasiones.
Es por ello que entendemos como fundamental un abordaje más proactivo, cercano a la realidad de cada menor, que esté estrechamente coordinado con la red de interventores.
En nuestra experiencia, la oferta de servicios incardinados en espacios formativos (PCPIs de Peñascal S. Coop y del Centro Formativo Otxarkoaga, Grados Medios de Peñascal S. Coop, así como en el Programa Bideratuz del Centro Educativo San Mamés) en estrecha colaboración con el profesorado, la red de asistencia social y sus familias nos arrojan datos de adherencia al tratamiento y de eficacia en el logro de objetivos que nos hacen ser optimistas con respecto a nuestro trabajo y nos ofrecen una vía de intervención innovadora y necesaria. En la línea de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS Adolescent friendly health servicies. An agenda for change. World Health Organization. 2002) “crear servicios en salud mental adecuados a las necesidades de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, que les resulten atractivos cercanos, participativos, en los que puedan sentirse escuchados y escuchadas y en los que se les otorgue un papel activo en la gestión de su malestar y las soluciones, espacios que garanticen la privacidad, intimidad y confidencialidad”.
Los abordajes terapéuticos que han demostrado su efectividad con base en diferentes investigaciones en el ámbito internacional son programas conductuales de manejo de contingencias, modelos cognitivos de entrenamiento en habilidades de resolución de problemas y en habilidades sociales (recomendando ser realizados en entornos grupales), entrenamiento a padres y madres para el manejo conductual de sus hijos e hijas, terapia de familia funcional y terapia multisistémica.
Por otro lado hemos discriminado otro grupo de especial vulnerabilidad dentro del terreno de las adolescencias vulnerables, que es el de los menores migrantes no acompañados.
Hemos decidido hacer este subrayado en base a la lectura de la demanda que hemos ido recibiendo en este tiempo en torno este perfil, destacando una serie de características especialmente preocupantes para su salud mental, como son la ausencia de familiares cercanos que les acompañen en su proceso de autonomía personal, la presencia de procesos migratorios que les han dejado importantes “heridas”, todas aquellas vivencias conflictivas de las que en muchas ocasiones huyen (desestructura familiar, pobreza, vivencias de calle, abusos sexuales, malos tratos…), más la complicada situación socioeconómica que vivimos, que trunca sus perspectivas de éxito con respecto a su proyecto migratorio.
Todas estas circunstancias nos hablan de la especificidad como colectivo que sin duda requieren una mirada específica desde la intervención psicosocial.
Por otro lado, en relación a la intervención que se está llevando a cabo con este colectivo extraemos algunas constataciones desde nuestra experiencia:

– Que algunos centros de acogida no disponen de las recursos necesarios para ofrecer una atención psicosocial suficiente a estos menores, y en especial los que presentan dificultades personales. Esto tiene que ver, muchas veces, con las propias condiciones estructurales y la capacidad de los centros; con las ratios o condiciones de los equipos profesionales; con la capacidad de organizar actividades formativas adecuadas o de aprovechar otros programas, servicios o recursos comunitarios; con la ubicación de muchos de ellos, alejada de entornos urbanos y, por tanto, con pocas posibilidades de aprovechamiento de recursos comunitarios…
– Que algunos equipos de educadores, dadas las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo, perciben que existen dificultades con respecto a las cuales no saben situarse lo cual dificulta la continuidad de la intervención.
– Que la imagen social que a veces se transmite, especialmente cada vez que hay un conflicto que salta a la luz pública, es demoledora para los propios menores, para el conjunto de la población inmigrante, y sólo sirve para alimentar actitudes xenófobas en nuestra sociedad.
– Que no se está dando respuesta adecuada o suficiente a las situaciones problemáticas ligadas al consumo de drogas o a problemas de salud mental que afectan a algunos de estos menores por falta de formación y sensibilización de los profesionales de los diferentes dispositivos de salud y sociosanitarios… (Informe Observatorio Vasco de Drogodepencias: Dorgodependencia en Menores No Acompañados MENAs, su derecho a una educación y salud de calidad, 2011)

Por otro lado, a nivel social, entendemos que el telón de fondo donde se mueven estos jóvenes ha ido empeorando en estos últimos tiempos, en gran parte por la percepción social discriminatoria hacia las personas migrantes, y en específica hacia las menores y jóvenes no acompañadas.
Desde esta percepción social generalizada se han ido articulando políticas que han endurecido las condiciones para el acceso a ayudas económicas, que junto a las dificultades generales de acceso al mundo laboral, más las específicas de la población juvenil, junto con las de la población migrada en situación de exclusión dan como resultante el agravamiento general de su situación como colectivo.
Ante este contexto no pocos jóvenes han optado por emprender un segundo viaje a otros países en busca de mejores condiciones para desarrollar su proyecto migratorio; probablemente los mejores «equipados» o los que mayores apoyos externos (familiares, relacionales…) presentan.
No parece que sea el caso de otro perfil, quizá con menores recursos personales, que se mantienen en una precaria y desesperanzada situación, con el handicap de ir perdiendo los apoyos sociales de aquellas personas que se marchan.
De este modo el perfil de jóvenes más vulnerable encuentra que su grupo de iguales está sufriendo y no contiene, deteriorándose de ese modo las redes de apoyo que en el pasado les sostenían.
Este escenario comlejo es el que se están encontrado los menores tutelados que salen de los recursos de protección a enfrentarse con una cada vez más dura realidad y que les genera un escenario especialmente ansiógeno.
No son pocas las demandas que hemos atendido desde nuestro programa de atención a jóvenes migrantes no acompañados en proceso de emancipación que presentan conductas disruptivas en el contexto crítico de dar el “paso” a una vida adulta que les dibuja un panorama oscuro y con poco margen a la esperanza.

(Adaptado de varios informes del Ararteko)
Equipo Erain.